25 octubre, 2017 Felipe Marin

Los 100 mil millones de pesos adicionales para educación superior: No son un regalo del gobierno y mucho menos suficientes

 

EducacionIva2

 

La semana pasada un congreso compuesto por una aplastante mayoría de corruptos uribistas y santistas aprobó el Presupuesto General de la Nación para el año 2018, no hubo grandes sorpresas: mucha plata para las fuerzas militares y para pagar las deudas contraídas con los extranjeros que han robado el país y repartir entre sus amigos lo que es de todos; mientras que para la gente y sus necesidades sólo queda lo que sobra, el mismo cuento de todos los años.

Este año en medio de la crisis a la que nos han llevado los que gobiernan, hubo mucho ajuste, recorte y descaro: le sacaron plata al deporte, a la ciencia y tecnología y le sacaron 400 mil millones al fondo nacional del ahorro (FNA) donde los trabajadores colombianos guardan sus ahorros con el sueño de algún día comprar su propia casa. Eso sí a la hora de poner la cara el gobierno salió a decir lo mismo de siempre: “Que no hay recortes”, “Que tenemos que entender que la situación del país está muy difícil” o “Que este gobierno siempre ha trabajado muy duro por este o aquel sector”…pura cháchara para tratar de ocultar lo que todos ya sabemos, que plata si hay pero para ellos.

En lo que respecta a la educación, el gobierno nacional sigue hablando de esta como prioridad en los micrófonos pero sin poner sobre la mesa los recursos mínimos que necesita el sector educativo. Las universidades públicas por ejemplo acumulan un déficit estructural de 18 billones de pesos a lo largo de 25 años de aplicación del esquema de financiamiento establecido por la Ley 30 de 1992, el gobierno sabe muy bien que las universidades viven haciendo malabares a punto del cierre, la quiebra o la privatización paulatina de su oferta, pero no quiere hacer nada para resolverlo.

Los que tienen el poder ni oyen ni ven ni entienden: que tener menos recursos en nuestras instituciones públicas es tener menos calidad en la formación y menos oportunidades para nuestros jóvenes. En Colombia, 500 mil jóvenes Ni estudian Ni trabajan y de cada 100 estudiantes que se gradúan cada año de los colegios, menos de la mitad pueden entrar a la universidad, de esos solo 20 pasan de tercer semestre, de ese grupo de 20 solo 8 se gradúan porque por regla general no tienen recursos para continuar los estudios y de esos 8 solo 3 consiguen empleos fijos en la profesión de la que se titularon, la situación no podría ser peor. En conclusión, somos una generación estafada a la que se le vendió la idea de estudiar como mecanismo de movilidad social pero que no puede hacerlo o cuando lo hace y sortea todos los obstáculos de milagro consigue trabajo.

Para 2018 el gobierno quiere profundizar la política de endeudar a los y las jóvenes para estudiar, para eso le entrego 800 mil millones de pesos al ICETEX y definió continuar con la política Ser Pilo Paga, que engaña a los estudiantes con supuestas becas que en realidad son créditos, que le entrega recursos públicos a la universidad privada y como si fuera poco agencia la idea perversa según la cual solo un grupo pequeño de estudiantes “pilos” merecen atención y recursos y el resto que se jodan.

Para las universidades estatales,  después de mucha presión, reclamos y protestas de estudiantes, profesores, rectores y académicos, como las del 4 y 12 de octubre, se adicionaron 100 mil millones de pesos que son un logro y no un regalo, y que siguen siendo insuficientes para atender las necesidades de la educación superior publica en Colombia.

En medio de este panorama desalentador, una luz alumbra: la rebeldía y combatividad del estudiantado volvió a brillar en las calles, existe un ánimo renovado de las comunidades educativas para levantar la bandera del derecho a la educación en contraposición del modelo de endeudamiento y mercantilización que promueve el gobierno, de a poco se va entendiendo que si no se lucha en el presente no habrá futuro. Desde la FUN-Comisiones MODEP, creemos que es esencial cuidar esa llama y hacerla crecer, por eso pensamos que la aprobación del presupuesto no es el fin del camino, que el ambiente creado por esta coyuntura debemos aprovecharlo para proyectar e impulsar una Plataforma Nacional de Lucha por el derecho a la educación que articule una amplia confluencia de sectores y personas y que permita construir el camino a una contundente lucha nacional para arrebatar y conquistar lo que nos niegan: nuestro derecho a una educación pública como derecho fundamental y bien común al servicio de nuestro pueblo.

 

 

 

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